La derecha acumula fechas frustradas en su agenda golpista

 

Caracas, 07 Jul. AVN.- Con la convocatoria a una consulta no prevista en la Constitución venezolana acerca de la continuidad del mandato del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, seguida de un llamado a "calle sin retorno" el próximo 16 de julio, la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reincide en la fijación de fechas para derrocar al gobierno constitucional, práctica que le ha costado el repudio y la frustración de sus seguidores y que ha devenido en violencia.
Ya en febrero de 2014 la coalición opositora, encabezada por los movimientos de ultraderecha Voluntad Popular (VP) y Vente Venezuela, de Leopoldo López y María Machado, impulsó La Salida, un plan de "calle sin retorno, hasta que se vayan quienes nos gobiernan", que se extendió por más de dos meses con focos de violencia concentrados en municipios gobernados por alcaldes de derecha, que dejaron 43 personas asesinadas y más de 800 heridas.
En 2015, la campaña electoral  de la MUD para los comicios parlamentarios del 6 de diciembre se basó en la promesa de utilizar la Asamblea Nacional (AN) para dar un golpe de Estado. Así lo reafirmó el 5 enero de 2016 el adeco Henry Ramos, cuando asumió la presidencia de la AN, con mayoría de derecha, y aseguró: "En un lapso de seis meses tenemos que conseguir un método para sacar este Gobierno".
En ese lapso, se intentó la activación de un referendo revocatorio pero en lugar de iniciar el proceso en enero se hizo en el segundo trimestre del año. Ese retraso —sin explicación por parte de la MUD— implicaba complicaciones técnicas que conducían a la realización de la consulta en febrero de 2017, fecha lo que echaba por tierra la promesa hecha a simpatizantes de oposición: salir del gobierno en 2016.
La MUD apeló entonces a la promesa de una enmienda constitucional para acortar el mandato presidencial, un cambio que de aprobarse sólo es aplicable luego del fin del actual periodo del jefe de Estado.

 Pedro Mattey, AVN

 

Tras estos intentos, se emprendieron acciones de calles con un punto culminante para el 1 de septiembre, cuando se convocó a una movilización en el este de Caracas y en el interior del país; luego, se repitió el ultimátum en octubre. Y en noviembre la oferta fue un juicio político, procedimiento que no está previsto en la Constitución de la República y, por tanto, no prosperó.
En enero de 2017, durante la juramentación de Julio Borges como nuevo presidente del Parlamento —acto ilegal por la condición de desacato de la AN—, éste se arriesgó más que su antecesor y prometió la salida del presidente constitucional "durante los próximos días", mediante maniobras como la declaratoria del abandono de cargo del jefe de Estado, quien se encuentra en ejercicio pleno de sus funciones constitucionales.
A fines de marzo, como parte de los ataques sistemáticos contra el Estado venezolano, Borges anunció una agenda de calle para crear un clima de ingobernabilidad y con ello justificar una intervención extranjera. En más de tres meses, se han registrado 97 fallecidos, de acuerdo con una recopilación del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, más de mil 400 lesionados y cuantiosos daños a bienes públicos y privados.
En medio de ese escenario, la MUD se propone ahora llamar a un plebiscito el próximo 16 de julio, una figura no contemplada en las leyes venezolanas que pretende aplicarse al margen de los órganos del Estado, como el Poder Electoral.

AVN -

07/07/2017 - 03:59 pm