Defensores exigen castigo para quienes utilizan niños en actos terroristas
Caracas, 07 Jul. AVN.- Justicia y
activación de medidas para la protección de menores de edad que están
siendo manipulados y utilizados por la oposición venezolana en actos
terroristas exigieron este viernes los defensores de los niños, niñas y
adolescentes ante la Defensoría del Pueblo.
La presidenta de la Fundación para los Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Capital, Anahí Arismendi, lamentó el "silencio complaciente" del Ministerio Público e informó que hasta la fecha la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, no ha emitido pronunciamiento contra los líderes convocantes de los hechos violentos que se han registrado desde abril pasado.
En ese sentido, pidió de manera urgente a la Defensoría del Pueblo que solicite a la fiscal el estatus de los casos de violación de los derechos colectivos y difusos de los niños, niñas y adolescentes que reposan en el Ministerio Público.
"Nosotros insistimos en que, lamentablemente, la fiscal está llevando el Ministerio Público como una institución forajida, violadora de los derechos humanos, que no garantiza la protección de la infancia y la adolescencia", expresó.
A propósito de la convocatoria inconstitucional a plebiscito hecha por los grupos violentos para este 16 de julio, "casualmente Día del Niño", cuando además anuncian que activarán la llamada "Hora 0", es necesario para los defensores la pronta actuación del Estado para evitar que los menores de edad "vuelvan a ser utilizados con fines políticos", insistió Arismendi.
"Los niños tienen derecho a celebrar su día, es un derecho de la familia que no debe ser vulnerado (...) Seguiremos acudiendo a otras instancias del Estado, el cual debe garantizar un derecho que no sólo es constitucional sino prioritario en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño", puntualizó.
Hizo énfasis en que los actos terroristas como la quema, bombardeo y tiroteo de entes públicos donde existen guarderías, así como el ataque a hospitales y maternidades del país son hechos que no deben quedar impunes.
"Tanto en las leyes nacionales como en las internacionales se establecen penas de entre 2, 6 y 20 años de cárcel; por lo tanto, es necesario saber también cuál es la tipificación del delito que se le está dando a las personas que están convocando a la violencia", refirió.
La presidenta de la Fundación para los Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Capital, Anahí Arismendi, lamentó el "silencio complaciente" del Ministerio Público e informó que hasta la fecha la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, no ha emitido pronunciamiento contra los líderes convocantes de los hechos violentos que se han registrado desde abril pasado.
En ese sentido, pidió de manera urgente a la Defensoría del Pueblo que solicite a la fiscal el estatus de los casos de violación de los derechos colectivos y difusos de los niños, niñas y adolescentes que reposan en el Ministerio Público.
"Nosotros insistimos en que, lamentablemente, la fiscal está llevando el Ministerio Público como una institución forajida, violadora de los derechos humanos, que no garantiza la protección de la infancia y la adolescencia", expresó.
A propósito de la convocatoria inconstitucional a plebiscito hecha por los grupos violentos para este 16 de julio, "casualmente Día del Niño", cuando además anuncian que activarán la llamada "Hora 0", es necesario para los defensores la pronta actuación del Estado para evitar que los menores de edad "vuelvan a ser utilizados con fines políticos", insistió Arismendi.
"Los niños tienen derecho a celebrar su día, es un derecho de la familia que no debe ser vulnerado (...) Seguiremos acudiendo a otras instancias del Estado, el cual debe garantizar un derecho que no sólo es constitucional sino prioritario en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño", puntualizó.
Hizo énfasis en que los actos terroristas como la quema, bombardeo y tiroteo de entes públicos donde existen guarderías, así como el ataque a hospitales y maternidades del país son hechos que no deben quedar impunes.
"Tanto en las leyes nacionales como en las internacionales se establecen penas de entre 2, 6 y 20 años de cárcel; por lo tanto, es necesario saber también cuál es la tipificación del delito que se le está dando a las personas que están convocando a la violencia", refirió.
Rosalía Barreto, AVN
07/07/2017 - 01:47 pm
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